Un país no se construye con marihuana, impunidad y pactos narcos: Bolivia necesita líderes con carácter y verdad.
Lo que en otros países se debate abiertamente como un tema de salud pública, en Bolivia se normaliza por la vía de los hechos y del silencio político. Aunque el consumo de marihuana no está despenalizado oficialmente y la Ley 1008 sigue clasificándola como sustancia controlada, en la práctica se ha instalado una cultura de tolerancia, promoción e impunidad, especialmente entre autoridades, figuras públicas y jóvenes vinculados a espacios de poder.
Lejos de ser un fenómeno juvenil o marginal, el consumo de drogas —desde marihuana hasta cocaína— ha alcanzado las más altas esferas del poder central y departamental, particularmente en Santa Cruz, donde autoridades con historial de consumo o simpatía pública por estas prácticas pretenden hoy influir sobre lo que debe aceptarse como “normal” o “progresista”.
Pero ellos no pueden hablar de moral. Ellos son parte del problema.
La marihuana no es inocente
En Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— el discurso de “consumo personal” funciona como una válvula de entrada al narcotráfico estructural, que no solo daña al consumidor, sino a toda la sociedad. El consumo de marihuana, aún siendo ilegal, se ha blanqueado en lo cultural y político, lo cual abre paso al debilitamiento institucional, a la dependencia y a la corrupción moral.
El Chapare, convertido en santuario narco, es el corazón de esta estructura. Desde allí opera la maquinaria de poder del expresidente Evo Morales, aún presidente de los sindicatos de cocaleros, amparado por redes de protección judicial, policial y política. Bajo el actual gobierno de Luis Arce, esta red no solo no fue desmantelada, sino que se fortaleció.
A esto se suma la ya visible presencia de cárteles colombianos, mexicanos y venezolanos operando en el país con tolerancia —y muchas veces protección— del aparato estatal.
Tiempo de elecciones, tiempo de silencio
En plena campaña electoral, ningún candidato ha tenido la firmeza de hablar sobre esta amenaza estructural. Nadie se atreve a denunciar el narcotráfico, la corrupción que lo rodea o el daño moral que provoca en las nuevas generaciones.
¿Quién representa hoy a las familias bolivianas? ¿Quién tiene autoridad ética para hacerlo?
Mientras unos callan, otros co-gobiernan con estructuras criminales, mientras el consumo de drogas sigue creciendo con impunidad, y nuestros niños y jóvenes ven cada vez más cerca la adicción como estilo de vida.
Bolivia necesita un liderazgo con raíces morales firmes
Una nación no se construye desde el vicio, la permisividad ni la doble moral. Se construye desde la familia, el orden, el trabajo honesto y la verdad.
No hay política antidrogas efectiva sin líderes con conciencia.
No hay libertad verdadera cuando el país se convierte en campo de cultivo del crimen y la dependencia.
Reclamamos, exigimos y advertimos:
1. El respeto y aplicación efectiva de la Ley 1008 en todos los niveles.
2. Una política pública clara y firme frente al consumo de drogas.
3. Una postura frontal de los candidatos frente al narcotráfico y la cultura de impunidad.
4. El rescate de Bolivia como nación con principios, no como territorio funcional a los cárteles.
Bolivia está a tiempo. Pero si no lo decimos ahora, pronto será demasiado tarde.
Y el que calla ante la droga, no tiene derecho a gobernar.