LA DESOBEDIENCIA CIVIL ES UN DERECHO

INVOCACIÓN A LA DESOBEDIENCIA CIVIL ESCRITO EL 7 DE SEPTIEMBRE, 2021 HOY MAS VIGENTE QUE NUNCA

PRONUNCIAMIENTO PERSONAL INVOCACIÓN A LA DESOBEDIENCIA CIVIL

Ante los hechos objetivos de la realidad boliviana, tengo la obligación de manifestar mi posición,
sentando de manera clara que Estado y Gobierno no son los mismos conceptos, pero claramente
el fundamento de la nacionalidad es el primero, el Estado.

Bajo éste principio me permito, como ciudadano boliviano, apartidario, pero en pleno uso de
mis derechos políticos manifiesto:

Dado que el gobierno de Luis Arce tiene como objeto restituir la imagen de Evo Morales a toda
costa, ratificando el relato de golpe de estado, desconociendo los acuerdos de auditoría
electoral vinculante con la OEA, proceso reconocido ampliamente por los Estados Americanos y
la Unión Europea, tanto en su ejecución como en sus conclusiones.

Dado que el Ministro de Justicia declaró públicamente la estrategia jurídica hacia el Ministerio
Público se confirma la injerencia, influencia y cooptación del Poder Judicial, instrumentando sus
acciones y ejecutando persecución, judicialización, detención arbitraria y haber hecho de la
medida excepcional de la detención preventiva como regla general, 38 presos políticos, 181
perseguidos judicialmente y otros en la clandestinidad y/o exilio.

Dado que 15 Militares son procesados penalmente por actuaciones en el marco de un Decreto
Supremo firmado por todos los Ministros del gobierno de transición, son apartados de la justicia
militar, llevados a la vía ordinaria con juicio de valor previa investigación, acusación y debido
proceso.

Dado que 6 policías son procesados penalmente y cientos pasados por procesos disciplinarios
por el supuesto motín policial durante los conflictos de 2019 sin tener elementos conclusivos
respecto a la legitimidad de acción del gobierno de Evo Morales que confrontó civiles contra
civiles en defensa del “proceso de cambio”.

Dado que el Fiscal General persigue a activistas y cívicos por haber pedido su renuncia en 2020,
acusando, judicializando y apresando en 3 de 4 casos en actuaciones fuera de norma, violatoria
a los derechos civiles y humanos a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, procesando y
persiguiendo judicialmente a abogados y cívicos, todos bajo el cargo de daño al patrimonio del
Estado por un grafitti del que no se identifican vinculación y/o responsabilidad individual.

Dado que el Ministerio de Gobierno concluye golpe de estado para un proceso que, pese a la
auditoría vinculante, es un proceso abierto, en investigación, ya tiene juicio y condena sobre el
tema.

Dado que el gobierno de turno implica a la Unión Europea en la conspiración de golpe de estado
por las reuniones realizadas en la Universidad Católica a las que asistieron a convocatoria del
MAS. El desconocimiento del alcance de la Resolución de la CIDH sobre la repostulación de Evo
Morales y la reelección continua como Derecho Humano.

El informe forzado del Grupo de Salamanca contratado por la Fiscalía General que tiene grandes
cuestionamientos en cuanto al alcance, cobertura e integridad de la evaluación del proceso
electoral concluye ante los NO HALLAZGOS de evidencia informática forense y “suaviza” varios
elementos graves y muy graves suscitados en la elección de 2019 y que omiten:

1. 123 actuaciones investigativas.

2. Informes técnico periciales del IDIF e ITTCUP que concluyen manipulación.

3. Informe y anticipo de prueba de Ethical Hacking – empresa responsable de auditoría y
análisis de vulnerabilidades, además del monitoreo del proceso, antes, durante y
después de la elección que reporta 12 incidentes de seguridad, integridad y
manipulación que fueron presentados ante los fiscales e investigadores.

4. Acciones y declaraciones de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral.

5. Acciones y declaraciones de Neotec

6. Informes complementarios con hallazgos concretos de manipulación como el de Edgar
Villegas, CONADE, Universidad Mayor de San Francisco Xavier, Universidad Mayor de
San Andrés, Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

7. Informe reciente de Transparencia Bolivia presentando 9,111 Actas electorales con
vicios de nulidad, faltas, delitos electorales, inconsistencia en imágenes, cómputos,
sumas parciales y totales, violación de normas electorales en su aprobación, entre otros.

Sin embargo, el Fiscal General, excluyendo todos los elementos investigativos, probatorios y
testimoniales unilateralmente decide cerrar el caso Fraude 2019 eximiendo de toda
responsabilidad a los implicados.

Dado que la ex Presidente Jeanine Añez Chávez es detenida por el primer proceso referente a
sedición y terrorismo, cuando existió demanda por los mismos cargos a Juan Evo Morales Ayma
para el cual fue presentada una acción de inconstitucionalidad no resuelta por el Tribunal
Constitucional, hecho que permitió que el proceso no avanzara. Dicha acción hasta hoy no es
resuelta pero favorece en una balanza evidentemente inclinada a favor del partido del ex
presidente Evo Morales.

Dado que está confirmada la violación a Derechos Humanos y garantías para Jeanine Añez
Chávez, Mario “Tonchy” Bascopé, Eidy Roca y Milena Soto, como ejemplos de los casos más
evidentes de desprecio a la salud y la vida y que son de conocimiento público, el gobierno
incumple la Constitución Política del Estado, leyes, convenciones y convenios internacionales.

Dado que el informe del GIEI, con todas las omisiones, exclusiones de eventos, pruebas y
testimonios identifica severos problemas desde el tercer mandato de Evo Morales, el
desconocimiento a la voluntad popular expresada en el referéndum del 21F 2016 y la
habilitación forzada para ser elegible a un 4to mandato. Estos elementos no merecen opinión ni
acción concreta de la administración de Luis Arce.

Sin embargo, pese a la posición expresa de la representante del Grupo de Expertos que deja absolutamente claro que el informe no contempla posición sobre Golpe o Fraude, el presidente del Estado se permite arbitrariamente conducir las conclusiones hacia la teoría del Golpe.

Dado que el Procurador General del Estado, ex Viceministro del gobierno de Evo Morales,
Wilfredo Chávez pretende conducir una revisión de actas del proceso electoral, sólo tiene como
intención afianzar unilateralmente el conflicto del gobierno con la OEA buscando
desesperadamente descalificar su actuación y competencia. Todo esto ante un potencial
proceso a Evo Morales en la Corte Penal Internacional.

Dado que el gobierno actual acusa de persecución, detenciones y judicialización de funcionarios
de la administración Evo Morales es importante notar que son los mismos actores, fiscales,
jueces, Fiscal General, que están y estuvieron en funciones. Esto demuestra que la justicia NO
ES INDEPENDIENTE, IMPARCIAL, OBJETIVA NI UNIVERSAL en Bolivia.

Por todo esto y mucho más concluyo:

Que la posición del gobierno es una franca defensa a los intereses de Evo Morales, sin importar
las consecuencias para la democracia, Estado de Derecho, garantías civiles y políticas de los
bolivianos.

Queda demostrado que la violación sistemática de Derechos Humanos es una práctica que se
pretende institucionalizar para tratar con puño de hierro a todo disidente al Movimiento Al
Socialismo.

Que el sistema judicial, por admisión del mismo Ministro de Justicia, no es independiente y se
demorará en establecer independencia, por lo que queda demostrado que el espíritu
republicano de la Constitución Política del Estado está quebrado.

Que el Fiscal General en su ejercicio en tres gobiernos (Evo Morales, Jeanine Añez, Luis Arce)
actúa en complicidad con el poder político instrumentando la justicia a favor del poder el sí.
Que el gobierno en su conjunto (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral) están alineados
a la política del partido MAS vulnerando, deformando y manipulando la esencia del Estado
Boliviano.

Que la ABT y el INRA, instituciones que deberían velar por los intereses de la Tierra,
Medioambiente y propiedad de tierras de los pueblos originarios, hoy son instrumento de
colonización y desplazamiento violento de comunidades del oriente boliviano y que actúan a
vista y paciencia de la inacción del gobierno mientras a diario se ven masacres de pobladores
para tomar sus tierras.

Que el discurso belicoso de la alta cúpula del Movimiento al Socialismo y sus operadores
desafían las estructuras de control y seguridad del Estado, conformando Policía Sindical y el
ahora denominado “Estado Mayor del Pueblo” como brazos armados, irregulares y con
intención de usurpar las funciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Estos colectivos y
sus auspiciadores nuevamente violan la Constitución Política del Estado con el silencio cómplice
del gobierno de Arce Catacora.

Que en conjunto, todas las acciones represivas se constituyen en Terrorismo de Estado. La
pérdida de los derechos y garantías fundamentales permiten afirmar que vivimos bajo dictadura.
Someterse a éstos procesos es jugar con las reglas instrumentadas por intereses que no son la
Justicia en toda la extensión de la palabra y se constituye cuando menos colaborar con un
sistema viciado esperando un resultado “justo” que no llegará.

Queda demostrado que cualquier proceso político es ajeno al ejercicio del derecho, las leyes
vigentes y justicia imparcial por lo que someterse al “debido proceso” se constituye en una
ilusión lejana al cumplimiento del marco normativo del Estado.

Por Tanto:

Mientras el poder político y los operadores de justicia sigan en ejercicio, vulnerando la CPE,
derechos, garantías y libertades. Mientras no sean removidos desde el Fiscal General y todas las
Salas de Justicia Departamentales a nivel nacional DECLARO QUE:

1. Aceptar procesos instrumentados por el poder político no es una opción. Se insta a no
   prestar testimonio, no establecer debida defensa, no presentar pruebas ni descargos.
2. Establecer resistencia civil, amparados en la Constitución Política del Estado, en el marco
   del cumplimiento de los artículos 7 y 108 y en defensa de la Institucionalidad del Estado
   de Derecho, la defensa de la Patria Boliviana es una obligación.
3. Rechazar el uso de los instrumentos de ejercicio de fuerza y poder del gobierno
   (Ministerio Público y Policía Nacional) en actuaciones de carácter político y persecución
   a las causas de la lucha de 2019.
4. Desconocer autoridad y competencia a las acciones de persecución judicial, actuales y
   futuras, aplicando legítimo uso de la fuerza en defensa de la legalidad y derechos
   individuales ante cualquier intento de detención.
5. Ante la superioridad de la fuerza pública, en caso de aprehensión, declarar de manera
   inmediata huelga de hambre e invocar la acción de organizaciones de Derechos
   Humanos para la debida denuncia.
6. Resistir hasta que caiga la tiranía de Evo Morales y sus secuaces en el secuestro del país